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1.242 millones de fraude

Martín Andrés García Marí

Diario de Ibiza \ Domingo, 23 de noviembre de 1997

Hace unas semanas se aprobaron las cuentas del Consell Insular d’Eivissa i Formentera de 1996 con un superá­vit de 1.242 millones de pesetas. Aunque el titular pueda parecer un tanto violento o exa­gerado, crean ustedes que no lo es. Y es que es diferente una economía pública de una economía doméstica, de forma que lo que nos podría parecer todo un éxito en nuestra economía doméstica —ahorrar más de un ter­cio de nuestro presupuesto— no lo es, ni mu­cho menos, en una economía pública.

Si la necesidad de algo así como una repú­blica, reino, estado, o llámesele corno se quiera, es algo necesario desde que el mundo es mundo, la moderna intervención del actual modelo de Estado en la economía no se hizo patente hasta la crisis del 29 y la 2ª Guerra Mundial. Se vio entonces que por necesida­des vitales de la sociedad —su propia supervi­vencia, entre otras cosas— el Estado debía ex­traer una determinada parte de la riqueza de la sociedad para destinarla a necesidades que ésta no satisfaría por sí sola, y que sin solven­tarlas, la propia supervivencia de la sociedad quedaría en el aire.

De ahí viene el moderno gasto que reali­zan todas las Administraciones en sus dife­rentes ámbitos. Toman una determinada parte de la riqueza de la sociedad —la cuestión de qué cantidad debe tomar es uno de los gran­des interrogantes de la economía— para inver­tirla otra vez en ella, de una forma que se su­pone será más productiva y en ámbitos en los que la misma sociedad por sí sola no in­vertiría (cultura, sanidad, educación, infraes­tructuras…).

Llegados a este punto, podemos ver cuál es la magnitud del fraude del equipo de Go­bierno del máximo órgano de la sociedad ibi­cenca. Ya que no sería erróneo pensar que, o bien ha extraído demasiada riqueza del pue­blo pitiuso, o bien no ha invertido en él todo lo que éste le ha encargado que haga. Una lectura acelerada y poco profunda del dato de este superávit nos podría llevar a conclusio­nes como: “… que bien estamos goberna­dos… mira cuánto han ahorrado”. ¡Pues no! Las Administraciones Públicas no están para ahorrar y mucho menos una Administración Local o Autonómica como el Consell Insular que, con su forma de gestionar, está descapi­talizando a la sociedad, le está sustrayendo riqueza. Sin lugar a dudas, sería mucho más lógico que fuese a parar a las familias ibicen­cas que lo necesitan, o a las empresas, para que inviertan en crear riqueza y puestos de trabajo.

Tan sólo podría autorizarse ese atesora­miento —y los economistas nunca nos hemos puesto muy de acuerdo en ello- en el nivel de aquella Administración que posea la capa­cidad de establecer las magnitudes básicas de la economía (nivel de impuestos y actual­mente tipos de interés).

Si económicamente ese superávit es un desastre, políticamente el calificativo más suave que se le puede dar es el de auténtica torpeza. Hasta la última persona que haya dispuesto del más pequeño de los capítulos de cualquier presupuesto público sabe que lo debe gastar todo. Contaba un monitor que, el último día de su primer campamento, devol­vió 5.000 ptas de las 10.000 que tenía asigna­das para material, ya que no había necesitado adquirir nada más. El director del campa­mento le dijo que ya podía correr a comprar el material que fuese, ya que de lo contrario el año próximo le disminuirían el presupues­to. Pues lo mismo pueden hacer el Govem Balear o el Central con las aportaciones que hacen al Consell Insular, al suponer que ya tiene suficiente dinero y disminuirle, por tan­to, el presupuesto.

Además, ¿cómo puede el Consell Insular presentarse ante el Gobierno Central pidien­do que construya más institutos, teniendo mil y pico millones muertos de risa en el banco? O peor aún, ¿cómo pueden tener la cara dura de presentarse ante todos los padres de alum­nos y decirles que se quedan sin institutos porque el Gobierno Central no tiene suficien­te presupuesto, cuando a ellos les sobra esa cantidad de dinero?

Y una última cuestión, por cierto a deste­rrar, existe la conciencia general de que la Administración que no tiene déficit no es una Administración importante.